El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, apartado del poder el pasado 3 de diciembre tras imponer brevemente la ley marcial, denunció en un mensaje a sus seguidores que “la ley se ha colapsado por completo” en el país.
La declaración fue difundida horas después de que la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) ejecutara su orden de detención en medio de un intenso operativo en la residencia presidencial en Seúl.
Yoon, quien enfrentaba acusaciones de sublevación y abuso de poder, aseguró que el procedimiento que condujo a su arresto fue ilegal:
“Agencias sin autoridad emiten órdenes judiciales, tribunales sin competencia aprueban detenciones, y documentos oficiales falsos son utilizados para manipular a la opinión pública”, señaló.
La captura del mandatario destituido tuvo lugar tras horas de enfrentamientos entre los agentes de la OIC, la Policía, el servicio de seguridad presidencial y militares leales a Yoon. El operativo fue el segundo intento de arresto desde que el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitiera la orden de detención en diciembre, luego de un primer intento fallido el 2 de enero.
En su declaración, Yoon afirmó haber decidido presentarse voluntariamente para evitar un “desagradable derramamiento de sangre” al observar que las fuerzas del orden empleaban herramientas de emergencia para irrumpir en la residencia presidencial.
El expresidente calificó la investigación de la OIC como un procedimiento “nulo e ilegal” y enfatizó que su deber como líder es proteger la Constitución y el sistema legal del país. Además, acusó a las autoridades de instrumentalizar las instituciones judiciales y de investigación para deslegitimar su posición política.
Yoon Suk-yeol fue destituido por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, luego de imponer la ley marcial tras protestas masivas en diciembre. Aunque la medida fue revocada seis horas después por presión parlamentaria, su breve implementación fue vista como un acto de sublevación.
Desde su destitución, Corea del Sur atraviesa una de las crisis políticas más graves de su historia reciente, marcada por la polarización entre sus seguidores y detractores. La Corte Constitucional aún debe decidir en un plazo de 180 días si confirma la destitución o reinstaura a Yoon en su cargo, mientras el país enfrenta un clima de tensión política y social.
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