Elon Musk ha asumido un papel clave en la Administración Trump con la misión de recortar el aparato gubernamental, generando controversia y alarmas en Washington.
Utilizando una maniobra legal que evitó la aprobación del Congreso, la USDS (United States Digital Service) fue transformada en la United States DOGE Service, dándole a Musk acceso a datos financieros críticos y poder de decisión sin supervisión legislativa.
La Casa Blanca ha defendido esta estrategia, asegurando que Musk solo actúa bajo la dirección del presidente, pero líderes demócratas han advertido sobre posibles conflictos de interés debido a sus vínculos con empresas que reciben contratos federales millonarios.
En sus primeras dos semanas en el cargo, Musk ha ejecutado medidas drásticas, como el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la eliminación de programas de equidad, diversidad e inclusión, alegando un ahorro de miles de millones de dólares.
Estas decisiones han generado incertidumbre entre empleados federales, quienes han recibido mensajes sobre reestructuraciones masivas y presiones para renunciar.
Además, la posibilidad de desmantelar el Departamento de Educación y otras agencias ha provocado un intenso debate sobre el rumbo que tomará el gobierno de Trump en su segundo mandato.
Mientras el Congreso y los tribunales evalúan posibles acciones para frenar esta reestructuración acelerada, la agenda de Musk sigue avanzando con el respaldo del presidente.
Su campaña “Fork in the Road” busca reducir significativamente la burocracia gubernamental, una promesa que Trump hizo en su campaña y que ahora se está ejecutando con rapidez.
Sin embargo, el nivel de opacidad y la falta de controles han desatado preocupaciones sobre el alcance del poder que se le ha otorgado al magnate y los impactos que estos cambios podrían tener en la estructura del gobierno federal.