El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que penaliza al bufete WilmerHale, donde trabajó el abogado Robert Mueller, quien investigó la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
La medida prohíbe a la firma acceder a información confidencial, ingresar a edificios gubernamentales y participar en contratos federales sin autorización especial.
Trump justificó la sanción alegando que WilmerHale «acogió» a Mueller tras dirigir una investigación «partidista» contra su gobierno. Aunque el informe final no encontró pruebas suficientes de interferencia rusa, el mandatario acusa a la firma de socavar la justicia y promover intereses políticos contrarios a los de EE.UU.
La orden también señala que WilmerHale apoya la discriminación racial y dificulta el combate contra el crimen y el tráfico de drogas. Con esta medida, Trump refuerza su postura contra quienes, según él, han usado el sistema legal para atacarlo injustamente.
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Esta acción podría profundizar aún más la polarización en la política estadounidense, mientras se sigue discutiendo sobre la influencia de Rusia en la política interna de EE.UU.
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La acusación de que WilmerHale promueve intereses en contra de EE.UU. o apoya la discriminación racial también tiene un tono muy fuerte, y parece ser parte de un esfuerzo por atacar lo que él percibe como una red de oposición a su gobierno
Este tipo de sanciones no son comunes, y es una forma de Trump de mostrar su desaprobación hacia quienes lo han enfrentado legalmente
WilmerHale, al ser un bufete de prestigio, no solo está siendo afectado, sino que esta medida podría tener implicaciones sobre cómo el gobierno interactúa con firmas legales de renombre
Esta orden ejecutiva parece ser otro paso en la continua tensión entre Trump y quienes han cuestionado su presidencia, especialmente aquellos vinculados a la investigación de la injerencia rusa en las elecciones de 2016