El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró un «estado de conmoción» en el noreste del país, específicamente en la región del Catatumbo, para enfrentar la escalada de violencia entre el ELN y disidencias de las FARC.
Esta medida otorga poderes especiales al gobierno, como restringir derechos y dictar decretos con fuerza de ley. El conflicto ha dejado al menos 80 muertos y 36,000 desplazados, en lo que se considera el mayor desplazamiento masivo desde 1997.
El estado de conmoción busca restablecer el orden público, fortalecer las capacidades militares, interceptar comunicaciones y atender las necesidades de las comunidades afectadas.
Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN y contactó al gobierno venezolano para establecer un plan conjunto contra los grupos armados en la frontera. La decisión ha generado críticas de la oposición, que acusa al presidente de usar la medida como excusa para legislar sin el Congreso.
Organismos como Human Rights Watch han cuestionado la necesidad del estado de conmoción, argumentando que el gobierno debería enfocarse en invertir en infraestructura y servicios básicos en el Catatumbo. Mientras tanto, la Corte Constitucional y el Congreso tendrán la última palabra sobre los decretos emitidos durante este periodo.
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