El Gobierno de Perú ha desplegado más de 7,600 agentes policiales en 14 distritos de Lima y uno de la provincia portuaria del Callao como parte de las medidas implementadas tras la declaración de estado de emergencia a finales de septiembre, debido a un incremento de la extorsión.
En un comunicado emitido por varios ministerios este martes, se informó que desde la declaración de este estado el 26 de septiembre, se han llevado a cabo 475 operativos, resultando en 758 detenciones, 105 capturas por requisitoria y la desarticulación de 37 bandas criminales.
“Con la declaratoria del estado de emergencia, fortalecemos la lucha contra la inseguridad ciudadana y garantizamos la tranquilidad de miles de ciudadanos. Avanzamos hacia un Perú más seguro”, declaró el Ministerio del Interior.
La institución también anunció que la nueva Central 111 contra la extorsión de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya está operativa y atendiendo casos de este delito a nivel nacional. Este mecanismo ha permitido la captura oportuna de extorsionadores y la desarticulación de bandas criminales. Las alertas generadas por la central fueron dirigidas al Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), que ha iniciado investigaciones en torno a estos casos.
Los efectivos de Gorex, junto con personal de las comisarías y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), han visitado puntos donde se reportan extorsiones para recoger información y dialogar con las víctimas. Tras estas acciones, el equipo continúa trabajando en coordinación con el Ministerio Público para identificar, ubicar y desarticular a las bandas detrás de estos delitos.
El ministerio destacó que esta semana se han realizado varias capturas de mafias extorsionadoras gracias a la nueva central telefónica, que está disponible las 24 horas del día y proporciona atención gratuita y confidencial para proteger a las víctimas a nivel nacional.
El gremio de transportistas había llevado a cabo una paralización el 26 de septiembre en Lima para exigir mayor seguridad frente a la ola de extorsiones, resultado de la cual al menos tres personas han sido asesinadas en las últimas semanas.
Esta protesta, que recibió un amplio respaldo de la ciudadanía y de otros sectores empresariales, llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia por 60 días en 14 de los 43 distritos de Lima y uno en Callao.