El Gobierno de Perú decretó este martes el estado de emergencia por dos años en el sistema penitenciario nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido al grave hacinamiento que enfrenta el país. La medida busca aliviar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de resocialización de los internos.
Actualmente, las 69 prisiones del país tienen capacidad para albergar a 41,556 reclusos, pero hasta agosto de 2024 albergaban a 98,127 internos, lo que representa una sobrepoblación del 136 %. Esta situación refleja una crisis estructural que, según el Ejecutivo, afecta la seguridad, la salud y el tratamiento de los reclusos, obstaculizando su reintegración social.
El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano y firmado por la presidenta Dina Boluarte, estipula que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá presentar, en un plazo de 45 días hábiles, una estrategia integral para enfrentar esta crisis.
El Gobierno reconoció que esta problemática, que se ha agravado en las últimas décadas, es resultado de un déficit de recursos humanos, logísticos y presupuestarios, así como de la saturación de los servicios penitenciarios básicos.
El decreto enfatiza la necesidad de optimizar los programas de resocialización, destacando que el hacinamiento y las deficiencias estructurales dificultan la rehabilitación de los internos. “Este panorama evidencia que los avances no han sido suficientes pese a los esfuerzos realizados”, lamentó el Ejecutivo.
La declaración de emergencia busca garantizar que los centros penitenciarios no solo alberguen a los internos, sino que también brinden condiciones dignas que promuevan su reinserción social y reduzcan la reincidencia delictiva.
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