República Dominicana. – El informe anual de Participación Ciudadana destacó los avances legislativos y normativos de 2024, pero hizo énfasis en la ralentización de la lucha contra la corrupción.
Según la organización, los órganos responsables de la fiscalización, como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), han disminuido significativamente sus actividades, mientras que los casos emblemáticos de corrupción en los tribunales siguen estancados.
Erick Hernández Machado Santana, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que el 2024 estuvo marcado por retrasos injustificados en los casos judiciales, como estrategias dilatorias y ausencia de avances en juicios de alto perfil:
• Caso Antipulpo: cuatro años de retraso y RD$4,796 millones involucrados.
• Caso Coral: similar demora y RD$4,500 millones en juego.
• Caso Medusa: con RD$6,000 millones comprometidos, sigue en fase preliminar tras dos años.
• Caso Calamar: con RD$41,000 millones, aún no concluye la etapa preliminar.
El organismo criticó la falta de auditorías publicadas por la Cámara de Cuentas, que continúa paralizada desde los escándalos de 2023.
El informe denunció la implementación de normativas que priorizan la privacidad de los imputados, limitando el acceso público a la información y socavando el principio de transparencia consagrado en la Constitución.
A pesar de los retrocesos, el documento reconoció avances como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, que regula la Cámara de Cuentas, y el Decreto No. 416-23, que actualiza la Ley de Compras y Contrataciones.
Participación Ciudadana instó a las instituciones a reactivar los mecanismos de fiscalización y garantizar que los procesos judiciales relacionados con corrupción avancen conforme a los principios de transparencia, razonabilidad y justicia oportuna.
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