El destituido presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, enfrenta una orden de detención emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl por cargos de insurrección y abuso de poder.
Sin embargo, militares apostados en su residencia impidieron inicialmente que los agentes de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) lo arrestaran.
Tras conversaciones, los investigadores superaron el cordón militar, pero el Servicio de Seguridad Presidencial bloqueó el registro de la residencia.
Mientras tanto, 1.200 manifestantes, simpatizantes de Yoon, se congregaron para protestar contra la orden, calificándola de ilegal y exigiendo acciones contra el líder opositor. La policía desplegó 2.700 efectivos para mantener el orden.
Yoon, apartado del cargo desde diciembre por la imposición breve de la ley marcial, espera la decisión de la Corte Constitucional, que tiene hasta junio para determinar si confirma su destitución o lo reinstala.