El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes la versión final del proyecto de ley Ficha Limpia, que será debatido en las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del próximo lunes. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La iniciativa, que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, busca impedir la postulación de candidatos condenados en primera y segunda instancia por delitos de corrupción vinculados a la función pública y en perjuicio de la administración durante el año electoral en curso.
De aprobarse, la ley afectaría directamente a figuras como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2024, quien no podría postularse a ninguno de los 151 cargos que estarán en juego en los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.
La normativa también establece que la inhabilitación para cargos públicos comenzará a regir desde el dictado de la sentencia, siempre que esta sea previa al inicio del año electoral. Si bien los afectados podrán participar en las elecciones de ese año, quedarán excluidos en los próximos procesos electorales.
Además de las candidaturas, Ficha Limpia restringe la designación de personas condenadas por corrupción a cargos como jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario, subsecretario y otras funciones similares dentro de la administración pública.
El proyecto subraya que la norma responde al mandato constitucional que exige la idoneidad como requisito fundamental para ocupar cargos públicos, fortaleciendo así la transparencia en la gestión estatal.
El oficialismo ha defendido la propuesta como una herramienta esencial para combatir la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sin embargo, sectores de la oposición consideran que la iniciativa podría ser utilizada como una herramienta política para debilitar a adversarios.
El debate en el Congreso promete ser intenso, en un contexto de alta polarización política en el país. Miles de argentinos han expresado su apoyo a la ley, mientras otros denuncian que podría violar la presunción de inocencia al inhabilitar a condenados sin sentencia firme.
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