Un grupo de legisladores en los estados de Misuri y Mississippi, EE. UU., ha propuesto proyectos de ley que ofrecen recompensas de hasta 1,000 dólares a ciudadanos que proporcionen información que conduzca a la detención de inmigrantes indocumentados.
Además, la propuesta incluye la creación de un sistema de «cazarrecompensas» certificados, quienes estarían autorizados a identificar y detener a migrantes sin documentos. Las iniciativas han generado controversia debido a posibles abusos, discriminación y violaciones de derechos humanos.
Activistas han advertido que los cazadores de recompensas sin formación policial podrían emplear tácticas agresivas, poniendo en riesgo la vida de las personas.
El plan de vigilancia comunitaria se enmarca en políticas migratorias más estrictas, impulsadas por la administración de Donald Trump. Estas medidas incluyen leyes en otros estados, como la verificación del estatus migratorio en escuelas públicas y la creación de un departamento especializado en Florida para agilizar deportaciones.
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