La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles el “asedio policial” y los “hostigamientos” registrados en la jornada electoral del pasado domingo en Nicaragua, y días previos.
Asímismo, el organismo expresó su preocupación por el discurso del dictador del país, Daniel Ortega, quien apuntó de “forma ofensiva e intimidante” a los dirigentes opositores y activistas detenidos.
“Entre el 5 y 7 de noviembre, la CIDH recibió información sobre el incremento del asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, en contra de líderes de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en diferentes departamentos del país”, detalló el organismo en un comunicado.
Estos actos, “habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del Gobierno”, y habrían resultado en “al menos 23 personas detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares”.
Además, integrantes de los antiguos Consejos del Poder Ciudadano (CPC) “habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido del régimen–el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)–, como forma de intimidación”, ha denunciado la CIDH de acuerdo a información recibida.
Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión expresó su preocupación los “múltiples reportes” sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral.
Según las denuncias, se habrían producido sucesos como “la prohibición de acercamiento de personas reporteras a los colegios electorales, actos de hostigamiento a medios de comunicación y periodistas, la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo, la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral o la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, así como la expulsión y denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los comicios”.
Con posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) también recibió información sobre funcionarios públicos que “habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega”.
Estos funcionarios habrían sido presionados, por otro lado, “a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación”. Todo ello, “bajo amenaza de despido”, relató la CIDH.
“Se conoció también sobre la detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a los estudiantes de Medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación”, continuó explicando la Comisión.
La CIDH mostró su preocupación respecto del discurso de Ortega transmitido en cadena nacional el pasado lunes, 8 de noviembre, después de que el ente electoral nicaragüense le otorgase la victoria en las cuestionadas elecciones.
En su intervención, el dictador se refirió de “forma ofensiva e intimidante” a “las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral”, entre las que se encuentran, líderes de movimientos sociales, periodistas, personas defensoras y precandidatas presidenciales, “indicando que por sus acciones no deberían ser considerados nicaragüenses, y enviadas a otro país”.
“Este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al Gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal”, alertó la CIDH al respecto.
En este sentido, llamó a las autoridades del país centroamericano a “abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la defensa de los Derechos Humanos”.
Al mismo tiempo, urgió a Nicaragua a “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente” en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, así como “a cesar los ataques en contra de opositores” y “toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información”.
“El Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales”, dijo.
