Washington (EFE).- La Justicia estadounidense rechazó la petición de Mark Meadows, ex jefe de gabinete del expresidente Donald Trump (2017-2021), de mover de un tribunal estatal a uno federal el caso por el que está imputado en Georgia por injerencia electoral.
Meadows compareció el pasado 28 de agosto en ese estado para defender su petición y recibió la respuesta este viernes.
Trump, Meadows y otras 17 personas están imputadas en Georgia por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Allí, donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de dos décimas (49,5 %), el más estrecho de todo el país.
Las acusaciones contra Mark Meadows
Meadows está acusado en concreto de solicitar a un funcionario público que incumpliera su juramento al cargo y por violación de la ley RICO. Conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rindan cuentas ante la Justicia.
Se le reprocha principalmente organizar la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” 11.780 votos, uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden allí.
Según el diario The Washington Post, Meadows declaró a finales de agosto que gran parte de su trabajo como jefe de gabinete era organizar llamadas y gestionar la agenda del entonces mandatario.
Agregó que estuvo presente en muchas reuniones y que escuchó muchas llamadas de naturaleza política solo para darlas por terminadas en el momento adecuado.
Con el traslado del caso a un tribunal federal, según el diario The Hill, Meadows pretendía facilitar que se desestimaran sus cargos al invocar protecciones de inmunidad para los funcionarios federales.
Los 19 imputados en Georgia
Los 19 imputados estaban citados el pasado miércoles para la lectura formal de cargos en su contra y para que sostuvieran si se declaraban culpables o no culpables. Pero antes de esa fecha todos ellos dijeron ser no culpables y renunciaron voluntariamente a su derecho a estar presentes en ese trámite.
La fiscal encargada del caso, la demócrata Fani Willis, propuso a la corte que el juicio arranque el 23 de octubre. El juez mantuvo esa fecha solo para dos de los acusados, los letrados Kenneth Chesebro y Sidney Powell. Todavía no se conoce la fecha del resto.
La decisión de no mover el caso de Meadows a un tribunal federal podría tener repercusiones para otros acusados que pretenden lo mismo.
El propio Trump notificó este jueves al juez que sopesa pedir la transferencia del proceso, pero dispone de un mes para formalizar la solicitud. El plazo de 30 días arrancó el pasado 31 de agosto, fecha en la que el expresidente se declaró no culpable.
El rechazo de la petición de Meadows es un revés para su estrategia legal.
La imputación de 19 personas en Georgia es un caso importante que sigue desarrollándose.
Las acusaciones contra Meadows son serias y merecen ser investigadas a fondo.
La fecha del juicio para algunos de los acusados ya está fijada.
La solicitud de Meadows de mover el caso a un tribunal federal era un intento de evitar cargos.
La inmunidad para funcionarios federales no debe utilizarse para evadir la responsabilidad.
La decisión podría sentar un precedente para otros acusados en casos similares.
Trump también podría considerar trasladar su caso, pero el tiempo apremia.
El sistema legal de Estados Unidos sigue funcionando en casos de importancia nacional.
La Justicia debe prevalecer, sin importar quién esté involucrado.
La fiscal Fani Willis ha estado trabajando diligentemente en este caso.
La fecha del juicio debe ser justa y adecuada para garantizar un proceso legal sólido.
Los cargos contra Meadows son específicos y relacionados con la interferencia electoral.
La política no debe interferir en el proceso legal.
El derecho a declararse culpable o no culpable es un procedimiento estándar en el sistema legal.
Meadows no debe evadir la justicia si es culpable de los cargos en su contra.
La imparcialidad del sistema legal es esencial para la confianza pública.
La inmunidad no debe ser una excusa para la impunidad.
La protección de la ley RICO se aplica a quienes participan en actividades criminales.
La transparencia en este caso es crucial para la democracia.