El Gobierno boliviano ha descartado la posibilidad de dialogar con el expresidente Evo Morales, quien lleva tres días en huelga de hambre y exige la anulación de su inhabilitación como candidato para las elecciones de 2025.
Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el objetivo real de Morales y sus seguidores no es resolver la crisis política, sino revertir la decisión que lo deja fuera de la contienda electoral, algo que el Gobierno considera inconstitucional.
El presidente Luis Arce ha sostenido que no negociará mientras los bloqueos de carreteras, organizados por los cocaleros del Chapare, persistan.
Morales, además, demanda la liberación de unos 80 campesinos detenidos por su participación en las protestas, quienes han sido acusados de “terrorismo y alzamiento armado” por supuestamente lanzar dinamita contra la Policía.
El conflicto se ha extendido durante semanas, dejando bloqueadas ciudades clave como Cochabamba y Santa Cruz, que concentran una gran parte de la población boliviana.
Sin embargo, la intensidad de las movilizaciones ha disminuido desde el reciente llamado de Morales a un “cuarto intermedio” en los bloqueos, medida que sus seguidores no acataron plenamente.
El Gobierno también enfrenta la presión de sectores internacionales debido al asedio de algunos cuarteles militares por parte de los manifestantes. Aunque el asedio se ha reducido, un cuartel continúa bajo presión en la región del Chapare.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, advirtió que los responsables de estos actos enfrentarán procesos judiciales. Pese a los esfuerzos de Morales por movilizar a otros sectores del país en apoyo a su causa, las manifestaciones no han logrado extenderse más allá del Chapare, y el exmandatario continúa acusado de delitos que, según él, forman parte de una persecución política.
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