Tras 23 días de angustia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador confirmó el martes que los cuerpos encontrados en una zona de difícil acceso en el recinto de Taura, provincia de Guayas, corresponden a los cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre.
Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, conocidos como “los niños de Las Malvinas”, desaparecieron tras un operativo militar. La FGE informó que las pruebas de genética forense confirmaron su identidad y que los cadáveres presentaban signos de violencia y estaban calcinados, según fuentes de la institución.
La desaparición ocurrió después de que los menores, tras jugar fútbol, fueran interceptados por una patrulla militar, según evidencia en video. Aunque los uniformados justificaron la detención alegando un supuesto robo, no se presentó ninguna denuncia ni testigos que corroboraran esta versión. Además, se detectaron irregularidades en el protocolo de detención y liberación, lo que ha generado indignación.
Un juez dictó prisión preventiva contra 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes están siendo procesados por presunta desaparición forzada. El fiscal del caso, Christian Fárez, afirmó que no hay pruebas de actos ilícitos cometidos por los menores.
La vicepresidenta Verónica Abad expresó su pesar por el asesinato de los niños, calificándolo como un acto de brutalidad. Por su parte, la Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional en memoria de las víctimas.
Este caso, denominado “Caso Malvinas”, ha conmocionado al país y representa un nuevo desafío para el sistema judicial y los derechos humanos en Ecuador.