Estados Unidos deportó a más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, pese a una orden judicial que bloqueaba las expulsiones.
El presidente Nayib Bukele confirmó la llegada de los reclusos y publicó imágenes de su traslado al Centro de Reclusión Antiterrorista. La Casa Blanca defendió la medida, alegando que Trump utilizó sus poderes ejecutivos para proteger a EE.UU.
El gobierno venezolano denunció que se estaba criminalizando a los migrantes y calificó la acción como una violación del derecho internacional. Mientras tanto, la administración Trump apeló la decisión del juez que detuvo las deportaciones, asegurando que la Ley de Enemigos Extranjeros le permite actuar en estos casos.
El tema ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y preocupación en El Salvador sobre el impacto de albergar reclusos extranjeros en su sistema penitenciario.