Las autoridades surcoreanas buscan extender la orden de arresto contra el expresidente Yoon Suk Yeol, quien enfrenta acusaciones de insurrección tras un fallido decreto de ley marcial.
Yoon, destituido por el Parlamento, ha desafiado las órdenes de detención, refugiándose en su residencia oficial, protegida por seguidores y el Servicio de Seguridad Presidencial.
El decreto de ley marcial, que duró seis horas, sumió al país en una crisis política que llevó a su destitución y al impeachment del primer ministro interino. La investigación también involucra al comandante de inteligencia Moon Sang-ho, acusado por su rol en los hechos.
Mientras los fiscales intentan arrestar a Yoon, enfrenta posibles condenas de prisión o pena de muerte si es hallado culpable. Estados Unidos expresó preocupación por sus acciones, aunque elogió la respuesta democrática de Corea del Sur.
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