El Congreso de Perú censuró al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, obligándolo a renunciar por su presunto mal manejo de la ola de violencia que afecta al país.
La medida, aprobada con 78 votos a favor, se da en medio de un estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte tras el asesinato del cantante de cumbia Paul Flores. La crisis de seguridad ha generado un aumento en los delitos, especialmente extorsiones y asesinatos, afectando a la población y a sectores como el comercio y el transporte.
Las extorsiones se han extendido por todo el país, con ataques a negocios, colegios y viviendas en Lima, donde los delincuentes usan explosivos y granadas. Desde septiembre, múltiples sectores han protestado contra la violencia, exigiendo medidas más efectivas.
Legisladores opositores piden que el próximo ministro tenga experiencia en inteligencia y no enfrente investigaciones fiscales, como es el caso de Santiváñez, investigado por abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Boluarte defendió la labor del ministro saliente y prometió intensificar operativos policiales en los próximos 30 días. Sin embargo, el descontento sigue creciendo, con marchas de ciudadanos y artistas reclamando seguridad.
Las cifras de homicidios y extorsiones en Perú han aumentado significativamente desde 2017, reflejando una crisis de inseguridad que las autoridades aún no han logrado controlar.
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