República Dominicana.-El desalojo de buhoneros del Kilómetro 9 de la Autopista Duarte ha dejado un panorama de desolación y angustia entre las familias que, por más de 40 años, utilizaron ese espacio como su principal fuente de ingresos.
Aunque la medida busca ampliar la vía para mejorar el tránsito, muchos comerciantes denuncian no haber recibido la indemnización prometida. Norma Encarnación, quien trabajó en el lugar durante cuatro décadas, expresó su frustración: “Aquí yo perdí todo. Trabajé honradamente y ahora estoy en la calle. No somos delincuentes, merecemos respeto”.
Entre quejas por la falta de compensación económica y el trato recibido durante el operativo, varios buhoneros señalaron que las autoridades ejecutaron el desalojo en horas de la madrugada, dejando a muchos sin posibilidad de recuperar su mercancía.
Bernardina Silfa Reyes, trabajadora por más de 30 años y madre soltera, lamentó la falta de alternativas: “Hablan de indemnizaciones, pero la mayoría no ha recibido nada o lo que ofrecen no alcanza para empezar de nuevo”. Según los afectados, las sumas entregadas oscilan entre 75,000 y 700,000 pesos, cifras que consideran insuficientes.
El gobierno había anunciado un fondo de 240 millones de pesos para los desalojados, pero muchos desconocen cómo se han manejado esos recursos.
Mientras tanto, los buhoneros exigen dignidad, reubicación y el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Prometen continuar su lucha hasta obtener una solución justa que les permita reconstruir sus vidas.
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Eso fue un golpe fuerte para esa gente, necesitan alternativas.
Los buhoneros no tienen respaldo de las autoridades, qué abuso.
Ojalá les ofrezcan un espacio donde trabajar dignamente.
Esas medidas siempre afectan al más vulnerable.
El desalojo debió ser con un plan para reubicarlos.
Sin trabajo no pueden mantener a sus familias, eso está mal.
¿Y las promesas de ayudar a los pequeños comerciantes?
Un desalojo sin previo aviso es inhumano.
Falta diálogo entre las partes, eso no es justo.
Espero que encuentren una solución pronto, esas familias dependen de eso.
Aunque el gobierno anunció un fondo de 240 millones de pesos, es evidente que hay una falta de claridad en su distribución. Sería fundamental que las autoridades expliquen detalladamente cómo se están utilizando esos recursos y garanticen que lleguen a quienes realmente los necesitan.