ONU exige a Nicolás Maduro combatir la trata de personas y la violencia de género en Venezuela

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) le exigió al régimen de Nicolás Maduro combatir la trata de personas y la violencia de género en Venezuela.

Luego de examinar al Estado durante su último periodo de sesiones, el órgano de Naciones Unidas publicó el martes sus conclusiones sobre el país caribeño; y manifestó su “preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas”.

Asimismo, aconsejó combatir el reclutamiento forzoso, y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud.

En este contexto, pidió a Venezuela que “elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas”.

Además solicitó a las autoridades que asignen “fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo adecuados a las víctimas de trata, incluidos refugios, asesoramiento psicosocial, programas de reintegración y acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes pudieran necesitar protección internacional”.

El órgano de la ONU instó al régimen chavista a que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la Defensoría Especial para que pueda cumplir de manera eficaz e independiente su mandato de proteger a las mujeres migrantes y refugiadas de los riesgos de la trata de personas y que refuerce la independencia de la Defensoría del Pueblo.

En materia de salud, el Comité recomendó a las autoridades venezolanas “legalizar el aborto, al menos en los casos de violación, incesto y grave malformación del feto, además de los casos de amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada; que lo despenalice en todos los demás casos y que vele por que las mujeres y las adolescentes tengan acceso adecuado a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto”.