El Salvador ha experimentado una drástica reducción en los homicidios tras tres años de estado de excepción, con solo seis asesinatos en marzo. Sin embargo, la política de mano dura del presidente Nayib Bukele ha llevado a la detención de más de 85,000 personas bajo sospecha de pertenecer a pandillas, con al menos 8,000 inocentes liberados por falta de pruebas.
Mientras el gobierno presume del país más seguro del hemisferio, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos y detenciones arbitrarias.
Las condiciones en las cárceles han sido duramente criticadas, con miles de reclusos en situación de hacinamiento extremo y sin acceso a visitas familiares. La ONG Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 374 personas bajo custodia, incluyendo mujeres y niños.
El gobierno de Bukele también ha construido el Centro de Confinamiento al Terrorismo, una mega prisión con capacidad para 40,000 reclusos, donde actualmente se encuentran unos 20,000, incluidos deportados desde EE.UU. bajo un acuerdo con la administración de Donald Trump.
A pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la suspensión prolongada de garantías constitucionales, el régimen de excepción ha sido renovado 36 veces por el Congreso, controlado por el partido de Bukele.
Mientras algunos ciudadanos celebran la reducción del crimen y la recuperación del control territorial, organismos internacionales alertan sobre los riesgos de un sistema penal basado en detenciones masivas sin juicios justos ni transparencia.
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