El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado y trasladado a La Haya por crímenes contra la humanidad debido a su violenta campaña antidrogas, que dejó más de 6,000 muertos entre 2011 y 2019. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, denunció que su detención fue un intento del gobierno de debilitar a su familia y aseguró que fue llevado «a la fuerza» con apoyo del presidente Ferdinand Marcos Jr.
El mandatario filipino confirmó que su administración colaboró con Interpol en el arresto de Duterte, argumentando que Filipinas debía cumplir sus compromisos internacionales. Sin embargo, negó que se tratara de una venganza política, pese a que la relación entre ambos se ha deteriorado en los últimos meses con amenazas públicas.
A pesar de que Duterte retiró a Filipinas de la Corte Penal Internacional en 2019, la CPI mantiene jurisdicción sobre crímenes cometidos durante su mandato. Marcos Jr. señaló que, si no colaboraban con Interpol, Filipinas perdería apoyo en la captura de fugitivos en el extranjero, justificando así su decisión de permitir la detención del exmandatario.
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