La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la decisión de EE.UU. de clasificar a ocho cárteles como organizaciones terroristas, incluyendo seis mexicanos.
Sheinbaum dejó claro que su gobierno no fue consultado y reafirmó que la lucha contra estos grupos es un interés compartido, pero sin aceptar injerencias extranjeras. En este contexto, presentó una reforma constitucional para evitar cualquier acción intervencionista que viole la soberanía del país.
Entre los cambios propuestos, se plantea modificar los artículos 40 y 19 de la Constitución para rechazar explícitamente cualquier intervención extranjera en el territorio mexicano y endurecer las penas contra nacionales o extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de armas.
Además, el Gobierno mexicano incluirá la complicidad de las armerías de EE.UU. en la demanda que mantiene contra ellas, dado que sus armas terminan en manos de los cárteles ahora clasificados como terroristas.
La reclasificación afecta a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, además de Tren de Aragua y Mara Salvatrucha.
Tras la decisión de EE.UU., el Gobierno de Canadá anunció que tomará la misma medida, mientras que Elon Musk sugirió que, con esta nueva categoría, los cárteles podrían ser atacados con drones.
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