El gobierno de Donald Trump eliminó este martes las restricciones que protegían a lugares como escuelas, iglesias y hospitales de ser escenarios de redadas migratorias, marcando un giro drástico en la política migratoria de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la directriz emitida en 2021 por la administración de Joe Biden, que prohibía realizar arrestos en lugares considerados esenciales o sensibles sin aprobación previa. La medida protegía centros educativos, de salud, lugares de culto y otros espacios, con el objetivo de no disuadir a las personas de acceder a servicios básicos.
Un portavoz del DHS señaló que la eliminación de estas restricciones “empodera” a los agentes migratorios para “seguir las leyes” y detener a “criminales extranjeros”. Sin embargo, no se presentaron pruebas concretas que respalden la afirmación de que personas consideradas criminales se refugian en estos lugares.
La decisión llega un día después de la toma de posesión de Trump, quien reafirmó su compromiso de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.
La directriz anterior buscaba garantizar que las personas migrantes no temieran acudir a centros educativos, médicos o religiosos, ni a refugios o servicios de ayuda tras desastres naturales. Según el memorando de 2021, estas restricciones eran necesarias para “no negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe”.
Organizaciones de derechos humanos y activistas han expresado su preocupación por el impacto de esta medida en las comunidades vulnerables. Alegan que esta política podría generar un clima de miedo, alejando a las personas migrantes de servicios esenciales y exponiéndolas a mayores riesgos.
Con esta decisión, Trump refuerza el enfoque de mano dura que caracterizó su primera administración, enviando un mensaje claro sobre sus intenciones en política migratoria para este nuevo mandato.
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