El Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado del canciller Yván Gil, rechazó “en los términos más enérgicos” la inclusión de 21 funcionarios venezolanos, entre ellos cuatro ministros, miembros del alto mando militar y de la Asamblea Nacional, en la lista de sancionados por el Gobierno saliente de Estados Unidos.
Caracas calificó las sanciones como un ataque contra “patriotas” que han trabajado para “salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional” frente a lo que considera la violencia “fascista” promovida desde Washington.
El Ejecutivo venezolano aseguró que estas medidas no buscan promover la democracia en Venezuela, sino “dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado”, a la vez que reafirmó su compromiso con la paz y la estabilidad política del país. Además, calificaron las sanciones como un intento desesperado del “Gobierno decadente y errático” de EE.UU. para desviar la atención de su “fracaso electoral” y de la crisis social que deja al país.
El presidente Nicolás Maduro también expresó su rechazo a las sanciones y anunció que condecorará a los 21 funcionarios sancionados. En un acto simbólico, Maduro presentó la creación de la “alta condecoración de la República” llamada “Victoria de Ayacucho”, la cual será entregada a los sancionados por su trabajo en áreas políticas, militares y policiales.
“Les voy a colocar la condecoración que estoy creando a cada uno de estos hombres y mujeres agredidos”, afirmó Maduro, señalando que, aunque las sanciones son “serias”, consideraba “risible” la postura de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a los ministros Freddy Ñáñez (Comunicación e Información), Ricardo Menéndez (Planificación), Julio García Zerpa (Asuntos Penitenciarios), y Aníbal Coronado Millán (Despacho de la Presidencia), imponiendo el bloqueo de bienes e intereses en territorio estadounidense.
La razón para estas sanciones fue que los funcionarios fueron acusados de apoyar las acciones de represión contra la sociedad civil y de desconocer “la voluntad” de los votantes, específicamente aquellos que habrían elegido a Edmundo González Urrutia como su presidente, un resultado no reconocido por las autoridades venezolanas.
El Gobierno de Maduro defendió su postura, acusando a grupos opositores de ser responsables de la violencia en el país, citando casos de asesinatos perpetrados por estos sectores durante las fechas de las elecciones.
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