La Justicia Transicional de Colombia condenó este miércoles al excomandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, a 40 años de prisión por su responsabilidad en 1.323 crímenes cometidos entre 1999 y 2004 en el departamento de Norte de Santander.
La sentencia también recae sobre otros 45 exintegrantes del Bloque Catatumbo de las AUC, quienes recibieron penas de entre 20 y 40 años, aunque con una pena alternativa de ocho años según la Ley de Justicia y Paz.
La Fiscalía colombiana detalló que los crímenes abarcan 568 homicidios, incluidas masacres como las de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada y 700 eventos de desplazamientos forzados. Estas acciones fueron calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, se señaló que las víctimas eran principalmente civiles y líderes comunitarios que fueron instrumentalizados para actos delictivos o acusados erróneamente de colaborar con otros grupos armados ilegales.
Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes (aproximadamente 1,49 millones de dólares) y reparar los daños materiales y morales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
Aunque Mancuso enfrenta esta condena, recientemente fue autorizado por la justicia para colaborar en la localización de bienes de las AUC en la región Caribe hasta el 31 de enero, como parte de los esfuerzos de reparación a las víctimas.
Sin embargo, su designación como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro ha sido objeto de polémica. La Corte Suprema negó su libertad condicional, argumentando la gravedad de los crímenes cometidos. A pesar de ello, Mancuso podrá permanecer fuera de prisión mientras desempeñe su rol de gestor, cuyo plazo no está definido.
La condena de Mancuso y el contexto de su participación como gestor de paz reflejan la complejidad del proceso de justicia transicional en Colombia. Aunque la sentencia busca reparar a las víctimas, también evidencia las tensiones entre las medidas de justicia y los esfuerzos de reconciliación en el país.
Publicaciones relacionadas:
EE.UU. sanciona al exgeneral colombiano Mario Montoya por crímenes de guerra
Condenan a 20 años de prisión a hombre por asesinato de dos militares en SDE
Condenan a 20 años de prisión a joven por asesinato de médico en Santiago
Condenan a Elizabeth Silverio a siete años de prisión por falsificación de títulos
Condenan a pandillero de la Mara Salvatrucha a 1.420 años de prisión en El Salvador
Mancuso condenado pero sigue libre como gestor de paz qué ironía
Esos crímenes de guerra no se reparan con penas alternativas de ocho años
Las masacres en Norte de Santander son una mancha imborrable en la historia de Colombia
Las víctimas merecen más justicia y menos privilegios para los culpables
Petro está jugando con fuego poniendo a Mancuso en un rol de paz
La Corte Suprema hizo bien en negar la libertad condicional
Reparar a las víctimas debería ser la prioridad no dar beneficios a los victimarios
Los líderes comunitarios asesinados dejaron un vacío inmenso en sus regiones
La justicia transicional parece enfocada más en los victimarios que en las víctimas
Los crímenes de lesa humanidad no deberían tener penas tan ligeras