Este viernes, indígenas, sindicatos y organizaciones sociales de Ecuador se movilizaron en diversas ciudades para expresar su rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno de Daniel Noboa.
Las protestas comenzaron en Latacunga, lideradas por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), y se extendieron a la capital, Quito, donde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una marcha masiva.
Exigencias sociales y económicas
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, presentó un pliego de demandas que incluye:
• Reasignación de recursos públicos: Terminar un contrato de publicidad de 5 millones de dólares y destinar esos fondos al pago de la deuda con clínicas de diálisis.
• Recaudación fiscal: Exigir al Servicio de Rentas Internas (SRI) que cobre los más de 93 millones de dólares que la Exportadora Bananera Noboa, propiedad del padre del presidente, adeuda al Estado.
• Garantías laborales: Frenar los despidos masivos, garantizar estabilidad laboral y pagar la deuda social acumulada.
• Transparencia y justicia social: Transparentar las contrataciones en el sector eléctrico, respetar la ley de precios de la leche y archivar el Código Integral Agrario, al que califican de perjudicial para los campesinos.
• Acciones ambientales: Tomar medidas urgentes para erradicar la minería ilegal y proteger los territorios rurales.
Convocatoria a la unidad nacional
Iza calificó la movilización como un primer paso hacia un “gran levantamiento popular”, llamando a la unidad de diversos sectores sociales para enfrentar lo que considera políticas neoliberales del actual gobierno.
En Quito, el FUT instó a los trabajadores a concentrarse frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para exigir mejoras en las condiciones laborales y garantías en el acceso a servicios básicos.
Respuesta gubernamental pendiente
Hasta el momento, el gobierno de Daniel Noboa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las protestas, aunque su administración enfrenta crecientes cuestionamientos por la gestión de recursos públicos y la relación de su familia con deudas fiscales millonarias.
La jornada de protestas refleja un clima de tensión social y política que podría escalar si no se establecen canales de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales.
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