El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó el viernes pasado la ceremonia de inicio de las obras de construcción de una cárcel de máxima seguridad en el sector Juntas del Pacífico, parroquia Simón Bolívar, provincia de Santa Elena. El reclusorio, denominado «Cárcel del Encuentro», se espera que esté completado en 300 días y representa un proyecto emblemático en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Según declaraciones del presidente Noboa durante el evento, la «Cárcel del Encuentro» albergará a delincuentes de alto perfil como corruptos, asesinos y narcotraficantes. Noboa aseguró que esta nueva infraestructura penitenciaria actuará como un poderoso disuasivo contra la delincuencia, marcando «el fin de la impunidad» y garantizando que los criminales cumplan sus penas de manera acorde a sus delitos.
La Presidencia de Ecuador ha destinado una inversión de 52 millones de dólares para la construcción de la cárcel, la cual contará con módulos de máxima seguridad diseñados para albergar hasta 800 personas privadas de libertad. Entre las medidas de seguridad destacadas se incluyen tecnología de punta como bloqueadores de señal celular y wifi, sistemas de control de acceso, detección perimetral, y un avanzado sistema de monitoreo mediante inteligencia artificial.
La infraestructura será edificada bajo estándares internacionales similares a las cáceles de alta seguridad como el Centro Federal de Readaptación Social N° 13 de Oaxaca en México y los módulos de ADX Florence o Florence Supermax en Estados Unidos, según indicó la Presidencia.
Daniel Noboa también mencionó planes para la construcción de otra cárcel en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, como parte de un esfuerzo integral para fortalecer el sistema penitenciario del país. La iniciativa también involucra a una compañía reconocida por su experiencia en la construcción de megacárceles, similar a las construidas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Con la puesta en marcha de la «Cárcel del Encuentro», Ecuador busca reforzar su capacidad para enfrentar los desafíos de seguridad y justicia penal, proporcionando instalaciones modernas y seguras para el encarcelamiento de criminales de alto riesgo.
