El Despacho Presidencial de Perú ha destinado, en lo que va de 2024, 771.000 soles (aproximadamente 205.500 dólares) al pago de honorarios de abogados defensores en causas contra la presidenta Dina Boluarte y ex altos funcionarios, según informa La República citando datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Entre los beneficiados por estos fondos se encuentran los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, acusados de corrupción, así como Luis Nava, exsecretario del Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno de Alan García, quien enfrenta acusaciones por lavado de activos relacionados con el escándalo Odebrecht.
En el caso de Boluarte, el Estado ha asumido los honorarios del abogado Joseph Campos, cercanos a los 48.000 dólares, en la investigación por genocidio que pesa en su contra. Además, el abogado Juan Carlos Portugal, defensor de Boluarte en la causa Rolex, también ha representado a Nava.
Estas erogaciones son posibles gracias a la Ley Servir, promulgada en 2013 durante la gestión de Humala, que estipula que el Estado peruano debe cubrir los gastos de defensa y asesoría legal de personas que ocupan o ocuparon cargos públicos, siempre que el proceso esté relacionado con el ejercicio de sus funciones.