El comisario de Gobierno de la capital haitiana de Puerto Príncipe, Edler Guillaume, prohibió la salida del país a las personas señaladas en los informes de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC).
Las medidas afectan a varias personalidades, entre ellas el exdiputado de Kenscoff Alfredo Antoine, quien debía presentarse a la fiscalía el lunes, pero pidió un aplazamiento de una semana.
También el exdirector general de Oficina Nacional de Seguro de Vejez, Jemley Marc Jean Baptiste, no respondió a la audiencia del fiscal y alegó que la invitación era irregular e inapropiada.
Vinculada también con los archivos de la ULCC, la exdirectora adjunta de la ONA, Stephanie Mondestin, fue liberada “por razones humanitarias” tras presentarse a la audiencia Guillaume en el Ministerio Público.
Mondestin fue detenida el pasado jueves cuando se disponía a viajar a República Dominicana a pesar de la citación judicial prevista para arrojar luz sobre un caso de presunta corrupción en la adquisición de inmuebles por la ONA por un valor de 86 millones de gourdes (unos 652 mil dólares).
De acuerdo a los informes de ULCC, Haití perdió por actos de corrupción unos cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) o el dos por ciento del presupuesto nacional para el año fiscal 2022-2023.
La instancia presentó 11 investigaciones que involucran a instituciones de la administración pública, como la Oficina Nacional del Seguro de Vejez, el Centro Nacional de Equipamiento, la Lotería del Estado, los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, así como el Ayuntamiento de Ouanaminthe y el Senado.
Los delitos identificados como resultado de las pesquisas son malversación de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, abuso de funciones, apropiación ilegal de tierras, falsa declaración de bienes, falsificación de documentos públicos y conspiración criminal, indicó el director general de la ULCC, Hans Jacques Ludwig.
La prohibición de salida del país a personas señaladas por la ULCC refleja medidas enérgicas contra la corrupción en Puerto Príncipe.
El exdiputado Alfredo Antoine solicitó un aplazamiento de una semana para presentarse ante la fiscalía.
Jemley Marc Jean Baptiste, exdirector de la Oficina Nacional de Seguro de Vejez, alegó irregularidades en la citación del fiscal.
Stephanie Mondestin, exdirectora adjunta de la ONA, fue liberada por razones humanitarias tras su detención en relación con presunta corrupción.
La detención de Mondestin estaba vinculada a un caso de adquisición de inmuebles valuados en 86 millones de gourdes.
Los delitos identificados van desde malversación hasta conspiración criminal, según el director general de la ULCC, Hans Jacques Ludwig.
La corrupción afectó alrededor del dos por ciento del presupuesto nacional haitiano, según informes de la ULCC.
Las medidas tomadas por Edler Guillaume buscan abordar la corrupción a nivel institucional en Haití.
La pérdida de cuatro mil millones de gourdes destaca la magnitud del impacto económico de la corrupción en el país.
La variada gama de delitos señalados destaca la complejidad de los problemas de corrupción en Haití.
La liberación de Stephanie Mondestin por razones humanitarias sugiere consideraciones adicionales en medio de las investigaciones.
La negativa de Jemley Marc Jean Baptiste a responder a la audiencia refleja la controversia en torno a las citaciones y procedimientos.
El enriquecimiento ilícito y el blanqueo de dinero son algunos de los delitos graves identificados por la ULCC.
La transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave en la lucha contra la corrupción en Haití, según las acciones tomadas por el comisario de Gobierno.
Las acciones del comisario Guillaume pueden interpretarse como una violación de los derechos de las personas sin un debido proceso legal.
La liberación de Stephanie Mondestin «por razones humanitarias» podría ser percibida como un favoritismo injustificado hacia ciertos individuos.
Los delitos identificados, como el blanqueo de dinero y la falsificación de documentos, señalan una corrupción profunda arraigada en diversas áreas del gobierno.
La pérdida del dos por ciento del presupuesto nacional subraya la gravedad del impacto económico que tiene la corrupción en el desarrollo del país.
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