El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, señaló este lunes que Washington está evaluando aplicar nuevas sanciones “políticas y económicas” al gobierno de Nicaragua para obligarlo a “cumplir sus compromisos” en materia de derechos humanos y democracia.
Mora brindó una teleconferencia de prensa para hablar sobre las consecuencias de la decisión del gobierno de Daniel Ortega de abandonar la Organización de los Estados Americanos (OEA) oficializada el domingo tras dos años de haber anunciado su retiro acusando al foro hemisférico de ser “injerencista”.
“Tenemos varias herramientas de presión políticas y económicas” para “seguir apoyando al pueblo nicaragüense”, indicó el diplomático. Agregó que esas sanciones buscan que Ortega respete los derechos humanos y se pueda “instaurar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.
Cabe recordar que el gobierno de Managua presentó su “denuncia” a la OEA el 19 de noviembre de 2021, requisito previo a su retiro del organismo. Lo hizo luego de de que el foro hemisférico desconociera los comicios presidenciales de ese año, que le permitieron a Ortega reelegirse por tercera vez para asumir su cuarto mandato consecutivo desde 2007 con todos sus rivales en prisión.
El diplomático de origen cubano expresó que Nicaragua abandonó la OEA porque “el régimen no quiere rendir cuentas de los abusos contra los derechos humanos, la prensa independiente, la iglesia católica y las ONG”, de las cuales unas 3,500 han sido clausuradas por Ortega en los últimos dos años.
Mora reconoció que la OEA carece de instrumentos para castigar a un país no miembro del foro, pero dijo que Nicaragua se verá afectada por un “autoaislamiento” en el concierto interamericano. “Los amigos que apoyan al régimen son pocos y muchos están fuera del hemisferio occidental”, observó.
Asimismo, recordó que, aunque ya no sea parte de la OEA, Nicaragua “aún tiene obligaciones” con entidades adscritas a la organización y debe cumplir tratados en materia de corrupción y derechos humanos, a los que adhirió desde su ingreso como Estado fundador en 1948.
“Es posible que el régimen de Nicaragua quiera olvidarse de la OEA, pero la OEA no va a abandonar al pueblo nicaragüense”, enfatizó el embajador de Estados Unidos.
Conforme a las posibles nuevas sanciones, señaló que Washington ha retirado visas y bloqueado cuentas bancarias en Estados Unidos a 51 altos funcionarios y 11 entidades del gobierno nicaragüense desde 2018 tras la represión de los opositores que participaron en protestas sociales ese año. “Y vamos a considerar la posibilidad de expandir el número de personas y entidades” a sancionar, añadió sin dar detalles.
La evaluación de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos demuestra un compromiso continuo con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.
El embajador Francisco Mora destaca la importancia de aplicar presión política y económica para instaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país.
La alusión a la retención de visas y bloqueo de cuentas desde 2018 muestra una continuidad en la postura de Estados Unidos frente a las violaciones de derechos humanos.
El señalamiento de que Nicaragua se verá afectada por un «autoaislamiento» resalta las posibles consecuencias internacionales de sus acciones.
Aunque ya no es parte de la OEA, se subraya que Nicaragua aún tiene obligaciones pendientes con tratados internacionales, lo cual destaca la importancia de cumplir con compromisos previos.
La afirmación de que la OEA no abandonará al pueblo nicaragüense subraya el compromiso de seguir apoyando a la sociedad civil.
El enfoque en los abusos contra la prensa independiente y la iglesia católica resalta la importancia de proteger la libertad de expresión y la diversidad religiosa.
La posibilidad de aplicar nuevas sanciones, como retirar visas y bloquear cuentas, muestra la disposición de Washington a tomar medidas más amplias contra el gobierno nicaragüense.
La consideración de expandir el número de personas y entidades sujetas a sanciones sugiere una respuesta gradual y proporcional a las acciones del gobierno de Nicaragua.
La insistencia en que Nicaragua debe rendir cuentas de los abusos contra los derechos humanos refleja el énfasis en la responsabilidad y la transparencia.
La referencia a la falta de rendición de cuentas sobre abusos contra la iglesia católica subraya la necesidad de respetar la libertad religiosa.
La teleconferencia de prensa proporciona un canal transparente para comunicar las acciones y preocupaciones de Estados Unidos ante la situación en Nicaragua.
La consideración de sanciones políticas y económicas resalta la diversidad de herramientas disponibles para presionar al gobierno de Nicaragua.