La Fiscalía de la Nación citó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para que el próximo 27 de septiembre hagan una declaración amplia en el caso de los muertos durante las protestas acontecidas en diciembre de 2022 y en enero de 2023, según este sábado por Carlos Rivera Paz, abogado de los familiares de las víctimas.
El pasado martes se dio a conocer que el Ministerio Público del país latinoamericano había aceptado la solicitud de la Procuraduría General del Estado para que 40 personas, entre las que figuraban actuales miembros del Gobierno, participaran en los interrogatorios del caso.
Boluarte, que niega los hechos, ha sido imputada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en relación con las 67 muertes registradas en manifestaciones ocurridas desde que llegó al poder, de las cuales 49 se dieron en choques con las fuerzas del orden.
