Demócratas y republicanos en Estados Unidos aún no logran ponerse de acuerdo a tres días para que venza el plazo del presupuesto actual. Así, el fantasma de un nuevo cierre del gobierno federal vuelve a sobrevolar Washington.
Por ahora las mayores diferencias están entre los republicanos de la Cámara de Representantes, que no logran unificar una propuesta para discutirla con los demócratas. De no haber un acuerdo antes del sábado, al día siguiente se producirá un cierre que implica suspender muchos servicios y funciones no esenciales del gobierno.
La opción de conseguir más tiempo, ampliando por 45 días el presupuesto actual para poder seguir negociando fue tirada a la borda por los republicanos más radicales la semana pasada, que en el último año ya han enfrenado en más de una oportunidad al líder de su partido en la Cámara de Representantes.
Mientras, la Casa Blanca presiona públicamente para mostrar a algunos de los opositores como culpables. “Los republicanos extremistas de la Cámara de Representantes están jugando juegos partidistas con las vidas de las personas y llevando a nuestro país hacia un cierre del gobierno que tendría impactos perjudiciales en todo el país”, señaló la administración de Joe Biden en un comunicado difundido este jueves a la mañana.
Un cierre o “shutdown” del gobierno sucede cuando no se aprueba a tiempo, antes del comienzo del nuevo año fiscal el 1° de octubre, el financiamiento necesario para que las agencias gubernamentales federales puedan seguir operando con normalidad. Cuando se da esta situación, es en general entre octubre y comienzos de año, en función de si se han aprobado o no extensiones temporales para seguir negociando
Estos episodios suelen producirse cuando el partido en la Casa Blanca no cuenta con mayoría propia en las dos cámaras en el Congreso. Allí la oposición intenta impulsar iniciativas o frenar gastos del Ejecutivo y no hay acuerdos, por los que cuando se cumple el plazo del presupuesto aprobado anteriormente el gobierno federal se queda sin dinero aprobado para pagar su funcionamiento.
Esto fuerza a detener una gran cantidad de servicios y funciones consideradas no esenciales. Así el gobierno se queda sin autorización para poder desembolsar dinero y cubrir todas sus funciones.
